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Categoría: Mercado Inmobiliario, 18 Abril, 2017

Algunas ideas para la democratización del crédito social de vivienda primaria

Algunas ideas para la democratización del crédito social de vivienda primaria

En su columna mensual, el Arq. Facundo Baudoin analiza el acceso al crédito social y propone algunas soluciones para que sea más amplio.

En mi columna anterior abordé la  relación cliente-arquitecto en función de un encargo. Esto de manera general y asumiendo cierta cualidad en tres términos o roles (arquitectura, cliente, arquitecto) y en función de un objetivo: la vivienda.  Ahora bien, saliendo un poco de esta visión fenomenológica, vale la pena ver cuáles son algunas de las trabas en relación al problema de la democratización del derecho a la vivienda y de lo que se podría definir como temas legales y de financiamiento ligados a lo institucional

¿Qué es el crédito social?


En Bolivia está la figura del llamado crédito social, que explicado de manera sencilla es un préstamo otorgado por todos los bancos que operan el país. La política facilita apoyo crediticio de entre el 5% al 6% de interés fijo y financiamiento hasta de un 100% con montos de un máximo entre los 100 mil y 120 mil dólares para compra de departamentos, casas o construcción y ampliación de vivienda en terreno propio. 

Se debe resaltar que las medidas institucionales que propician el libre y diverso acceso a la vivienda incorporando todos los actores (banca, técnicos, constructoras, Estado y fundamentalmente usuarios) terminan siendo las más efectivas en el ataque del déficit habitacional y las problemáticas transversales a esta necesidad. 

Crédito Social en Bolivia

El acceso a los créditos sociales


En tal sentido, la iniciativa del crédito social es de un impacto realmente positivo. Sin embargo, es una política que por su diseño está más dirigida a las clases media baja o superiores. Este hecho se da por los requisitos necesarios para su calificación, limitando el acceso solo a quienes tienen empleo fijo o empresa propia que respalden su condición de sujeto crediticio. Si vamos dentro de este escenario a los sectores de más bajos ingresos, la política se hace prohibitiva para la vivienda nueva,  pues los precios del mercado exceden la capacidad de endeudamiento del aspirante y en consecuencia la de la propia política.
  
Ahora bien, este sector social de bajos ingresos es de los que más construye dentro de lo que se podría denominar con autogestión o producción de la vivienda; conformando áreas importantes de la ciudad y teniendo un porcentaje representativo dentro de su demografía. 

Partiendo de esto, es importante hacer algunas apreciaciones. Saber que generalmente el costo de construcción de estas viviendas en sectores deprimidos socialmente es más alto que el de los urbanamente mejor ubicados o consolidados. Puede parecer contradictorio pero es usual en todas partes del mundo que tanto el material o la mano de obra sean más costosos para los sectores bajos, producto de la accesibilidad,  la propia economía de mercado y la entropía de construir de manera tan fraccionada (según la economía familiar lo permita). Este es un principio básico de la división del trabajo y de la eficiencia del ya conocido fordismo, entre otros conceptos. 



Este sector que construye de manera formal, para calificar al crédito social, se ve obligado a partir de una base, ya sea un terreno con o sin habitación (urbanizado) que le permita  ser garantía  para un préstamo de menor escala aplicable a la ampliación de la vivienda.  

Pero todo proyecto de ampliación debe cumplir con el requisito de aprobación de la normativa de construcción de la alcaldía y a su vez para que el proyecto pueda ser presentado se debe regularizar la construcción pre existente si así no estuviera. Estos son pasos a seguir para la solicitud del crédito y se convierten en una traba importante a la hora de la ejecución del mismo.  El problema en sí no es la normativa, que debe ser cumplida. El problema radica en la multiplicidad de gestiones que se deben realizar de manera disgregada para el acceso a este derecho. 


¿Cómo mejorar y democratizar el acceso?


A modo de cierre, sugerimos aquí algunas de las posibles soluciones a esta barrera burocrática:
Sería un gran aporte que instituciones como el colegio de arquitectos tengan convenios con la banca y el gobierno local a fin de poder sistematizar un procedimiento que permita mantener en regla toda normativa, agilizando la realización de estos proyectos de ampliación y permitiendo que un amplio sector de profesionales puedan participar de esta política. 
De igual manera, que el gobierno local pueda establecer una oficina especializada en este tipo de desarrollos, que habilite nuevamente el cumplimiento de la normativa fortaleciendo la construcción formal de la trama urbana y permitiendo la consolidación de la ciudad dentro de los lineamientos de su planificación urbana. 
Que los bancos prestadores de servicio de este crédito tengan en el marco de estos convenios garantía de una profesional y expedita ejecución de la política. 


Crédito Social en Bolivia - Mejorar acceso

Como he remarcado a lo largo de esta nota, mientras más actores participen en un marco normativo legible, más democrático será el crédito de vivienda social y más aspectos transversales al problema del hábitat y la pobreza serán mitigados.

No obstante, es importante decir que en este estrado se encuentra uno de los nichos con mayores necesidades y simultáneamente de  mayores oportunidades de resolución del problema de la vivienda. Este sector tiene la posibilidad de desarrollo de créditos no muy grandes de corta y expedita ejecución. Todos estos trámites burocráticos coartan la posibilidad de que este amplio sector acceda el crédito que en teoría se debe a este estrato social de amplia base.

A efectos de la política, este es el sector más conveniente pues el tipo de desarrollo será pequeño y de rápida ejecución, permitiendo y flujo de capital crediticio mucho más dinámico y efectivo. En este sentido, es importante que tanto la política estatal como los organismos otorgantes de las prestaciones revisen posibilidades de resolución de estos trámites a fin de poder lograr el objetivo primigenio del que es el carácter social de la política crediticia. 



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